La violencia política en razón de género atraviesa cada etapa de la vida pública y revela un sistema que aún no reconoce a las mujeres como actoras políticas plenas. No es nueva, pero hoy la nombramos con más fuerza, la documentamos y la denunciamos. A pesar de los avances normativos y del momento histórico que vive México —incluida la llegada de una mujer a la Presidencia— persisten resistencias patriarcales, ataques y simulaciones que buscan limitar su participación. Erradicar esta violencia no es solo un acto de justicia: es una condición para una democracia que esté realmente a la altura de su tiempo. Es tiempo de mujeres.
La violencia política en razón de género es hoy uno de los fenómenos más extendidos, normalizados y a la vez más sofisticados dentro de los sistemas políticos democráticos. No es nueva; lo que es nuevo es la fuerza con la que la estamos nombrando, documentando y denunciando. En las últimas décadas, diversas investigaciones han demostrado que esta forma de violencia aparece en el momento mismo en que las mujeres deciden participar en política, cuestionan privilegios históricos o irrumpen en espacios tradicionalmente masculinos.
La literatura comparada —desde el derecho, la ciencia política y los estudios feministas— coincide en algo: a mayor presencia de mujeres en cargos públicos, mayor exposición a resistencias patriarcales, ataques, simulaciones y malas prácticas dirigidas específicamente a desincentivar su participación. América Latina es un ejemplo particularmente claro: los avances normativos en paridad y acciones afirmativas han incrementado la representación descriptiva de las mujeres, pero también han expuesto la violencia que ellas enfrentan cada vez que ejercen sus derechos político-electorales.
La violencia política en razón de género “se cuela en cada etapa”: desde el registro de candidaturas, la campaña, el ejercicio del cargo, hasta su relación con las autoridades, medios, ciudadanía y partidos. No es un hecho aislado; es parte de un sistema que aún no reconoce a las mujeres como actoras políticas plenas.
La definición más aceptada —coincidente con el IEEM, ONU Mujeres y la literatura especializada— señala que la violencia política en razón de género incluye cualquier acción u omisión, basada en género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o impedir el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Puede tomar múltiples formas:
Atacarlas por ser mujeres, para que renuncien, se retiren o pierdan legitimidad.
Cuestionar su capacidad, mérito o liderazgo por estereotipos de género.
Controlar o limitar su acción política: negarles recursos, tiempos, espacios, información.
Difamarlas, agredirlas o sexualizarlas para dañar su reputación.
Ejercer presión, coacción o amenazas para impedir decisiones o candidaturas.
Manipular imágenes o videos (incluyendo IA) para generar violencia digital.
Interferir en su vida privada para castigar su presencia en la esfera pública.
La intención es clara: sacar a las mujeres de la política o impedir que ocupen el lugar que les corresponde.
Esta violencia la perpetran:
integrantes de partidos,
autoridades,
militantes,
medios de comunicación,
grupos de interés,
personas en redes sociales,
incluso actores institucionales.
La violencia política puede ejercerse mediante diversas formas de violencia. Estas son las más comunes:
Conductas que dañan la estabilidad emocional: insultos, humillaciones, amenazas, marginación, rechazo, desvalorización o restricciones a la autonomía.
Ejemplo: desacreditarla públicamente para debilitar su confianza o aislarla del equipo.
Agresiones que causan daño, lesiones o ponen en riesgo su integridad mediante fuerza física, armas u objetos.
Ejemplo: empujones, intimidación física en eventos, agresiones a ella o a su equipo.
Prácticas que refuerzan subordinación y estereotipos de género, muchas veces normalizadas socialmente.
Ejemplo: reducir su rol a “acompañante”, burlarse de su voz o apariencia, minimizar su autoridad.
Acciones que afectan sus bienes, documentos o recursos necesarios para ejercer el cargo.
Ejemplo: presión para ceder bienes, destruir materiales de campaña, retención de documentación.
Control o limitación injustificada de sus ingresos o recursos; distribución desigual del financiamiento.
Ejemplo: darle menos presupuesto de campaña que a sus compañeros, sin razón válida.
Actos que degradan, atacan o amenazan su cuerpo o sexualidad, atentando contra su dignidad e integridad.
Ejemplo: acoso sexual, comentarios sexualizados, difusión o manipulación de imágenes con intención de humillarla.
Acciones que, sin encajar en una categoría específica, dañen su dignidad, integridad o libertad por razón de género.
Ejemplo: hostigar a sus hijos para presionarla, crear rumores para obligarla a renunciar.
La violencia política en razón de género no siempre aparece como un insulto directo o un ataque evidente. Muchas veces se expresa a través de acciones cotidianas, “comentarios”, coberturas mediáticas o decisiones institucionales que parecen pequeñas, pero que buscan —o tienen como efecto— desacreditar, limitar o expulsar a las mujeres del espacio político.
Estos son ejemplos reales y recurrentes:
Se cuestiona su peso, su peinado, su forma de vestir, su tono de voz.
Los titulares hablan del color de su traje en vez del contenido de su iniciativa.
En entrevistas se le preguntan temas personales en lugar de su agenda legislativa.
Se le pregunta quién cuida a sus hijas o hijos mientras está en campaña.
Se acusa que “descuidará a su familia” si ocupa un cargo público.
Se hace pública información íntima para dañarla o avergonzarla.
Se inventan rumores sobre relaciones sentimentales para afectar su credibilidad.
Se comparten fotos sacadas de contexto o manipuladas para sexualizarla.
Se exige que explique divorcios, parejas o decisiones íntimas que no guardan relación con su función pública.
“Está muy joven”; “muy emocional”; “muy fuerte”; “muy suave”; “muy mamá”; “muy soltera”.
Se le acusa de no tener “carácter” o de no ser “apta para liderar”, sin evaluar su experiencia real.
Se le interrumpe constantemente en debates o reuniones.
La registran solo para cumplir la cuota, pero no le dan recursos.
La colocan en distritos perdidos a propósito.
La sacan de la candidatura en el último minuto para poner a un hombre “con posibilidades”.
No se incluye su nombre en comunicados donde ella hizo el trabajo central.
La excluyen de fotos oficiales, eventos clave o reuniones de decisión.
Se adjudican a otros las iniciativas que ella impulsó.
No le dan oficina, personal, recursos o información.
Le quitan comisiones sin justificación.
Le bloquean el acceso a plataformas digitales o procedimientos internos.
Se coordinan ataques masivos con bots para intimidarla.
Se manipulan imágenes con IA para sexualizarla o ridiculizarla.
Se difunden audios falsos o montajes para dañar su reputación.
Amenazas directas en redes para que renuncie.
Intimidación física en eventos públicos.
Hostigamiento hacia familiares —hijas, hijos, pareja— para presionarla.
Los mitos forman parte del mismo entramado que sostiene la desigualdad:
“Así es la política.”
“No aguanta la presión.”
“Son críticas, no violencia.”
“Para estar ahí hay que soportar.”
“No fue por ser mujer, fue por su carácter.”
Estos discursos justifican agresiones y minimizan la violencia estructural.
Los medios tienen una responsabilidad central. No son observadores neutrales; pueden reproducir violencia o ayudar a erradicarla.
Malas prácticas comunes:
reducir a las mujeres a su apariencia o vida personal,
cubrir sus errores como “fallas de género”,
dar espacio a narrativas misóginas,
invisibilizar su trabajo legislativo o comunitario,
amplificar rumores o campañas de desprestigio.
Los medios tienen el poder de transformar la conversación pública y legitimar o desactivar violencias.
La violencia política en razón de género no solo es un problema individual: es un obstáculo estructural que limita la calidad de la democracia, reduce la participación de las mujeres y reproduce desigualdad. Por eso, hablar de incidencia política hoy implica algo más que reformar leyes: exige transformar el sistema político, los partidos, los medios, la cultura institucional y la forma en que la ciudadanía comprende el liderazgo de las mujeres.
México es uno de los países del mundo con el marco jurídico más robusto en materia de paridad y violencia política en razón de género. Las reformas de 2020 y el trabajo constante de la justicia electoral —incluyendo sentencias paradigmáticas como la anulación de la elección en Iliatenco por violencia política— han colocado el tema en el centro de la agenda nacional.
Sin embargo, persisten retos importantes:
simulación dentro de partidos,
distribución desigual de recursos,
ataques digitales cada vez más sofisticados,
falta de aplicación homogénea de sanciones,
vacíos legales frente al uso de inteligencia artificial,
impunidad normalizada,
y una brecha enorme en protección para mujeres en niveles locales y municipales.
Pese a ello, el país vive un momento histórico sin precedentes.
La llegada de una mujer a la Presidencia no solo rompió un techo de cristal: generó un efecto cascada de empoderamiento colectivo, especialmente entre niñas y mujeres jóvenes, pero también entre mujeres que ya participan en política y ahora tienen una referencia directa del lugar más alto del poder.
Hoy, millones de mujeres han visto —por primera vez en su vida— que es posible ocupar la silla más alta del país. La representación importa, pero la representación en el Ejecutivo tiene un impacto simbólico todavía mayor:
abre la imaginación política,
ensancha lo que creemos posible,
legitima nuestra presencia como actoras políticas,
y desestabiliza las narrativas patriarcales que históricamente nos han intentado expulsar de lo público.
Ese efecto cascada ya se nota en registros de precampañas, en participación comunitaria, en liderazgos locales, en la forma en que niñas hablan de su futuro político.
Las mujeres hoy no solo creen que pueden ser diputadas, alcaldesas o gobernadoras.
Hoy saben que pueden ser Presidentas.
Y eso cambia todo.
Es tiempo de mujeres.
Y eso no es un eslogan: es una realidad que está reconfigurando la democracia mexicana.
Frente a este nuevo escenario, fortalecer el liderazgo de las mujeres implica ir mucho más allá del acompañamiento básico. Requiere una estrategia multidimensional que incluya:
capacitación técnica y política con perspectiva de género,
comunicación estratégica para enfrentar ataques mediáticos y digitales,
blindaje digital frente a violencia en redes e IA,
protocolos internos en equipos y campañas,
comunidades de apoyo entre mujeres,
acceso equitativo a recursos,
formación en incidencia legislativa,
redes de sororidad profesional,
y mecanismos de contención emocional frente al desgaste político.
El liderazgo de las mujeres es una herramienta de transformación democrática. No es accesorio: es central.
La violencia política en razón de género no es un problema aislado ni un conjunto de malas prácticas individuales: es una estructura que durante décadas ha intentado limitar la participación pública de las mujeres. Pero hoy, esa estructura se está resquebrajando. El marco jurídico ha avanzado, la justicia electoral ha ampliado su alcance y las mujeres están ocupando espacios que históricamente se les negaron, incluidos los más altos niveles del poder.
La llegada de una mujer a la Presidencia ha sido un parteaguas. No solo rompió un techo de cristal: abrió un horizonte nuevo para millones de niñas, jóvenes y mujeres que hoy saben —no imaginan, saben— que pueden aspirar a cualquier cargo, a cualquier espacio y a cualquier responsabilidad dentro de la vida pública. Ese efecto cascada ya está en marcha, y su impacto será generacional.
Pero ese avance no puede darse en un contexto donde la violencia política sigue presente. Erradicarla es una tarea urgente y colectiva: del Estado, de los partidos, de los medios, de las instituciones y de toda sociedad que aspire a ser verdaderamente democrática.
Nombrar la violencia es un primer paso; sancionarla es indispensable; prevenirla es transformador.
Y acompañar a las mujeres para que ejerzan su liderazgo en libertad es, hoy más que nunca, una responsabilidad histórica.
Es tiempo de mujeres.
Y la democracia tiene que estar a la altura.
Albaine, L. (2018). Violencia política hacia las mujeres en América Latina.
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). (s/f). Folleto digital sobre violencia política contra las mujeres en razón de género.
Gaceta UNAM. (2024). Necesario erradicar la violencia política contra las mujeres.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Freidenberg, F. (2024). La violencia política en razón de género como causal de nulidad de las elecciones.
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2021). Sentencia SCM-JRC-225/2021 (Caso Iliatenco, Guerrero).